“El sistema de patentes de agua sí funciona y por eso este proyecto de reforma es una expropiación encubierta”

  • Una serie de mitos derribó Natalia Dasencich, abogada de la Confederación de Canalistas, en charla a agricultores de la región de Los Lagos desarrollada en Recinto SAGO.

Los distintos mitos sobre los que se ha levantado el proyecto de reforma al Código de Aguas que impulsa el Gobierno se encargó de derribar Natalia Dasencich, abogada de la Confederación de Canalistas, quien llegó a Osorno para realizar una charla a agricultores de la región de Los Lagos, coorganizada por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, Aproleche Osorno y Agrollanquihue.

La abogada dejó en claro que la principal premisa sobre la cual se levantó esta reforma es la supuesta falta de agua, no obstante, las recomendaciones de los expertos acerca de la realidad de las aguas en Chile son muy distintas. En primer término, estos recomiendan la realización de estudios de prospección y catastros; construcción de embalses; infiltración de napas; desalinización; reutilización; tecnificación del riego; revestimiento de la conducción; y ordenamiento institucional. Todo esto, en un escenario de cambio climático que está ocasionando una pérdida acelerada de la capacidad natural de almacenamiento de las aguas.

Natalia Dasencich aseveró que no es la propiedad del agua el verdadero problema. “Aquí lo que se está haciendo es introducir aspectos como la temporalidad en la administración de las aguas, lo que se pretende que duren como máximo treinta años y sujetos a ciertas especificidades de uso y a caducidad si es que el recurso no se usa de manera correcta, así como también a una serie de nuevas normas, generando una gran incertidumbre sobre futuras inversiones”.

La abogada indicó que “el sistema de patentes de aguas sí funciona hoy y por eso, lo que este proyecto plantea en realidad es una expropiación encubierta”. En la actualidad, por ejemplo, la profesional señala que hay una gran cantidad de derechos que han sido devueltos por no uso, dado el cobro asociado que eso involucra, sin necesidad de un cambio legal para ello.

Entre otros aspectos de la charla, se estableció que el proyecto de Reforma Código de Aguas pone en serio riesgo los derechos no regularizados de los pequeños productores y se insistió en todo momento en que el actual código tiene herramientas suficientes para asegurar el agua de bebida a toda la población, incluso a través de la expropiación. De esta forma, la abogada aseveró que, por ejemplo, si se hubieran expropiado algunos derechos a las hidroeléctricas para asegurar el suministro de agua potable rural, APR, el Estado podría ahorrarse la contratación de camiones aljibes.

El presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO), Christian Arntz, señaló que esta es la segunda reunión realizada este año para abordar la problemática. “La anterior fue en abril y tuvo carácter birregional, dada la importancia del tema. En ambas, hemos insistido en que aquí se ha puesto por delante la ideología para hacer esta reforma y que la modificación que se busca está deja a los productores agrícolas de la región en una segunda categoría, ya que todos los futuros derechos solo serán transitorios. Aquí no se está hablando en realidad del uso más eficiente y más racional del agua. El proyecto necesita un sustento técnico, ya que definitivamente no lo tiene en ninguno de sus articulados”, aseveró Arntz.

Marcos Winkler, vicepresidente de Aproleche Osorno, comentó que la modificación al Código de Aguas provocaría una tremenda incertidumbre en el sector, ya que hoy el cambio climático está afectando la zona. “El hecho de que las aguas queden bajo propiedad del Estado y no puedan ser inscritas como privadas, sería un desmedro para las propiedades, por que como sabemos, sin agua no tendrían valor. En la medida que esto no se aclare o corrija, es para los productores una gran duda. Nosotros vemos que en esta modificación al actual Código guarda relación principalmente con los cursos de agua tomados y que no se les daba uso adecuado, aunque se podría agilizar estos derechos que las empresas tienen sobre estos cursos, pidiendo cambios en la normativa que van mucho más allá de lo solicitado, y no se está abordando como los productores requieren”.

A su vez, sostuvo que “las autoridades deben recabar lo que los gremios y usuarios están viviendo. Lo que se ha hecho en esta materia, se ha realizado entre cuatro paredes, y posteriormente se ha tratado de convencer a los gremios en infinidad de reuniones, donde solo se nos informa de las decisiones tomadas, por lo que esperamos que se tome en consideración lo que los productores están viviendo y cómo se verían afectados con estas modificaciones, esperando que las autoridades apliquen las correcciones que sean necesarias”.

 

 

 


Recibido de Constanza Vásquez, Social Comunicaciones, Osorno.