Gestión del Agua en Chile: Desafíos del Código de Aguas Reformado
La gestión del agua en Chile enfrenta desafíos sin precedentes tras la reforma al Código de Aguas promulgada en 2022. Esta modificación legislativa, largamente debatida, introdujo cambios fundamentales en el sistema de derechos de aprovechamiento de aguas que ha regido al país desde 1981.
El Código de Aguas de 1981
El Código de Aguas promulgado durante el régimen militar estableció un sistema único a nivel mundial basado en la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de aguas, separados de la propiedad de la tierra. Este modelo permitía la libre compraventa de derechos de agua en un mercado prácticamente desregulado, lo que generó tanto eficiencias en la asignación del recurso como graves problemas de acaparamiento y especulación.
Principales Cambios de la Reforma
La Ley 21.435 de 2022 introdujo modificaciones sustanciales al régimen de aguas chileno:
- Agua como bien nacional de uso público: Se reafirmó este principio constitucional, limitando la propiedad absoluta sobre los derechos de agua
- Derechos temporales: Los nuevos derechos de aprovechamiento se otorgan por un período máximo de 30 años, renovables según criterios de uso efectivo
- Priorización de usos: Se estableció una jerarquía de usos del agua, priorizando el consumo humano y el saneamiento
- Caducidad por no uso: Se implementó un mecanismo de extinción de derechos que no sean efectivamente utilizados
- Caudal ecológico: Se fortaleció la exigencia de mantener caudales mínimos para la preservación de los ecosistemas
Impacto en el Sector Agrícola
El sector agrícola, principal consumidor de agua en Chile con aproximadamente el 72% del uso total, ha manifestado preocupación por los efectos de la reforma en la seguridad jurídica de sus derechos de agua. Las organizaciones de regantes y las asociaciones gremiales del sector han solicitado certezas respecto a los plazos de transición y los criterios de renovación de derechos.
Desafíos de Implementación
La implementación efectiva de la reforma enfrenta desafíos significativos, incluyendo la necesidad de modernizar el catastro de derechos de agua, fortalecer las capacidades de fiscalización de la Dirección General de Aguas (DGA) y establecer los reglamentos complementarios que permitan operativizar los nuevos mecanismos legales.
La crisis hídrica que afecta a Chile, con una megasequía prolongada en la zona central del país, añade urgencia a la necesidad de implementar una gestión más eficiente y equitativa del recurso hídrico, adaptada a los desafíos del cambio climático.
